Para el próximo curso se han efectuado recortes de todo tipo en la educación obligatoria: de profesorado, de dotación económica, de becas y ayudas... Esta situación reclama una respuesta desde el profesorado, que se ve obligado a atender a los mismos alumnos -o más- con menos recursos docentes. Si se entiende que es la administración -que hace los recortes a su antojo- quien ha de solucionar esas faltas, y que el profesorado no tiene nada que ver, probablemente la situación empeorará, porque la administración no está en contacto directo con la realidad, mientras que el profesorado se mueve cada día en ese ámbito. Administrar la escasez, evidentemente, exige más tino y preparación que gestionar en tiempos de bonanza. Con toda seguridad, las medidas organizativas de muchos centros, inadecuadas desde hace tiempo, pero asumidas por la mayoría, se van a revelar como absolutamente insuficientes e ineficaces en esta nueva etapa. Los recortes son injustos; pero pueden poner en evidencia prácticas mejorables en el sistema educativo.
Como hemos dicho en otras ocasiones, en muchas escuelas se produce una confrontación entre dos visiones, dos lógicas excluyentes. La visión burocrático-funcionarial, que pone el énfasis en los aspectos relacionados con la carrera docente: antigüedad en el centro, prioridad a la hora de elegir curso o asignatura, colegialidad formal, cumplimiento del horario (pero ni un minuto más), etc. Por otra parte, la lógica profesional incide en buscar la mejor manera de atender a los alumnos, supeditando a esta tarea los aspectos antes enunciados: horario, colegialidad, elección de curso... Una visión sirve a los intereses del profesorado -de una parte, cabría decir, la más asentada en el centro educativo- y la otra obedece más a una respuesta adecuada al alumnado. Y en esta diferencia es crucial la concepción que tenemos de la responsabilidad del profesorado. ¿Qué hemos de hacer en nuestro trabajo, de qué hemos de responder -y no menos importante- ante quién?
Según el catedrático de organización escolar de la Universidad de Valencia Francisco Beltrán Llavador, los docentes tienen una triple responsabilidad:
Una responsabilidad de carácter legal, compartida con los demás ciudadanos, y que les compete en cuanto que miembros de una sociedad. Se responde de la misma ante la ley; tiene que ver con las faltas o delitos que se puedan cometer en el desempeño de la acción educativa.
Una responsabilidad de carácter contractual, en cuanto que trabajadores de una empresa, sea ésta pública, semipública o privada. Tiene que ver con los aspectos formales: puntualidad, asistencia a los claustros, obligación de entregar los documentos de escolarización de los alumnos…Esta responsabilidad tiene más que ver con los aspectos burocráticos que con los propiamente educativos, y es propia de cualquier organización.
Un tercer ámbito de responsabilidad, que el autor denomina moral o profesional, y se contrae con “el conocimiento, los demás compañeros y compañeras de profesión y, en último extremo, hacia uno mismo como docente.” Esta respuesta “es de ámbito casi estrictamente personal y tiene que ver con la respuesta que se da, ante uno mismo, los colegas y el resto de la sociedad, respecto a la sinceridad o integridad con que cumple la tarea.” Es decir, este ámbito de responsabilidad es el más difícilmente observable y evaluable, frente a los dos anteriores, que sí poseen unos parámetros cuantificables.
Este tercer espacio de responsabilidad, propio del ejercicio de la profesión, escapa del control burocrático, que sí está capacitado para pedir respuestas en los ámbitos formal y legal. Pero, en cambio, “el ejercicio del control sobre la responsabilidad moral no requiere una instancia jerárquicamente superior, porque a nadie se le puede obligar a que en conciencia piense tal o cual cosa; sí a que actúe, pero no a que su conciencia se contenga en límites legales. No siendo posible ahí la obligación, tampoco valdrá ningún ejercicio de coerción”.
Por tanto, ese control se ha de llevar a cabo entre iguales, ya que la responsabilidad moral hay que construirla socialmente. Y en este punto es donde surge el conflicto: ¿qué priorizar, un ambiente agradable en el claustro, o una toma de decisiones acertada desde el punto de vista pedagógico? ¿Un falso consenso, la paz de los cementerios, o un grupo humano al cual podamos sentirnos orgullosos de pertenecer? En esa respuesta está el futuro de cada centro, de cada comunidad escolar. Y los docentes tenemos voz -y voto- para significarnos en uno u otro sentido.
1 Travesías de las organizaciones educativas, especialmente en las páginas 141-146. Ed. Germania, Alzira (Valencia) 2005.
Comparto tus reflexiones. Es precisamente la lógica funcionarial la que está asfixiando a la escuela pública, la que la está convirtiendo en un espacio muerto, sin sentido y perpetuador del sistema. Con o sin recursos.
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