Mi comunidad autónoma, y su sistema educativo, es de las pocas que todavía no han generalizado la jornada continua en los CEIP. Sabemos que en ESO y Bachillerato hace años que se pasó a dar clases sólo por la mañana, y que en algunas autonomías como Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias, se implantó hace años o décadas. Y ahora, en el País Valenciano se abre la puerta a la regulación e implantación de la jornada continua. Pero, como veremos, con métodos discutibles y con gran dosis de miedo a la posible impopularidad de la medida. Con cálculo político, en otras palabras.
La escuela primaria, desde siempre, ha sido de nueve a cinco, con algunas excepciones debidas al frío (en algunas áreas montañosas se entra a las diez) y en otros lugares se ha reducido la tarde a sesiones de hora y media, que acaban, bien a las cinco, bien a las cuatro y media. Ese es el caso de mi población: este curso escolar terminamos a esa hora, tras recortar treinta minutos al tiempo de mediodía. Y se nota, vaya si se nota: las tardes son más tranquilas, los alumnos entran menos cansados del comedor, o de casa, y esa media hora permite disfrutar de más tiempo libre y, en invierno, de más horas de luz fuera de la escuela. Hemos salido ganando en tranquilidad y en aprovechamiento de las clases, que es la principal misión de una revisión horaria. Además, han disminuido mucho los conflictos en el comedor escolar. Que no es poco, ciertamente.
Algún día hablaremos de la influencia del comedor en los centros de infantil y primaria. Un asunto que no suele aparecer en los estudios de la pedagogía ni la organización escolar o la sociología de la educación, pero que consume energías de equipos directivos, profesorado y alumnado, además de tener que dedicar un espacio destinado a la educación a otro fin tan distinto como alimentar a niños, cocinar, fregar platos... Lo cotidiano en la escuela, tan alejado de preocupaciones trascendentes, y tan determinante de la realidad de cada centro.
Pero hoy íbamos al tema de la jornada continua y su implantación en la C. Valenciana. A través de una orden, la consejería ha dispuesto toda una carrera de obstáculos muy reglamentada, que podemos resumir así: aprobación por el consejo escolar del inicio de actividades, visto bueno del consejo escolar municipal a la petición de cambio de jornada, elaboración del plan y aprobación por claustro y por consejo escolar; revisión por parte del inspección (y de la dirección general) y, por último, si se ha llegado hasta aquí, votación en referéndum en el que los padres censados en el centro decidirán si se cambia o no la distribución de la jornada.
Tal vez me dejo algún paso, aunque los he sufrido todos hasta ahora. Como veis, no es un camino de rosas, sino una senda sinuosa con zonas poco transitadas. Y tras este slalom de reuniones y trámites, llega el momento de votar el cambio. Antes, claro, ha habido polémica, desinformación en algún caso, enfrentamientos en otros... Creo que la consejería ha eludido su responsabilidad en el tema, porque probablemente es un asunto controvertido, con muchos intereses contrapuestos y con poco que rascar y bastante que perder -en relación a los padres, se entiende- a nivel político. Por tanto, se reglamenta y que salga lo que los padres quieran. Eso sí, con el voto afirmativo del cincuenta y cinco por ciento del censo, no de los participantes en la votación. En consecuencia, puede darse el caso de que en un colegio la gran mayoría de votantes respalde la jornada continua, pero el número total de participantes no suponga ese 55 % de todos los censados. Habrá quien no irá a votar, porque no lo considera asunto suyo -aunque lo es- como suele suceder en las elecciones a consejo escolar, con un mínimo porcentaje de padres ejerciendo su derecho a voto.
Por otra parte, la oposición de algunas confederaciones de AMPA, activas en la organización de jornadas convenientemente orientadas hacia el no, indica que el resultado será, cuando menos, incierto. Hay desconfianza entre parte de los padres. Y rechazo abierto en otros casos. A pesar de la diversidad de opciones para el alumnado, que puede salir a las dos, a las tres y media tras comer o a las cinco. Además, el plan de jornada continua prevé unas actividades vespertinas variadas y no lectivas que pueden ayudar al alumnado que se queda en el centro a pasar bien la tarde, aprender otras cosas y aprovechar el tiempo que, por una razón u otra, ha de pasar en el cole.
Evidentemente, también hay padres a favor, que ven una oportunidad para pasar más tiempo con los hijos -si disponen del mismo- o entienden que se puede aprovechar mejor la tarde fuera del centro. Pero, como decía anteriormente, la consellería se ha puesto de perfil, ha evitado implantar la jornada continua con todas sus consecuencias, incluida una dotación económica para actividades por la tarde, y así no se desgasta políticamente. Tampoco ha optado por dilatar sine die la implantación. En lugar de eso, deja en manos de los padres que se cambie o se mantenga la jornada actual. Ha reglamentado exhaustivamente los pasos a seguir, pero no se atreve a decidir en una cuestión básica de la educación obligatoria: la distribución horaria del alumnado. En vez de arbitrar un posible conflicto de intereses, pasa la responsabilidad a las familias. Y no creo que sea adecuado apelar al ejercicio de democracia sin más: una administración que, año tras año, ha ido recortando espacios de participación, ¿se acuerda ahora de que se pueden decidir cuestiones pedagógicas y organizativas por referéndum? Si no se permite a los consejos escolares elegir la dirección del centro, no vamos a creer, en este caso, que se ha recuperado la democracia escolar.
Pero hoy íbamos al tema de la jornada continua y su implantación en la C. Valenciana. A través de una orden, la consejería ha dispuesto toda una carrera de obstáculos muy reglamentada, que podemos resumir así: aprobación por el consejo escolar del inicio de actividades, visto bueno del consejo escolar municipal a la petición de cambio de jornada, elaboración del plan y aprobación por claustro y por consejo escolar; revisión por parte del inspección (y de la dirección general) y, por último, si se ha llegado hasta aquí, votación en referéndum en el que los padres censados en el centro decidirán si se cambia o no la distribución de la jornada.
Tal vez me dejo algún paso, aunque los he sufrido todos hasta ahora. Como veis, no es un camino de rosas, sino una senda sinuosa con zonas poco transitadas. Y tras este slalom de reuniones y trámites, llega el momento de votar el cambio. Antes, claro, ha habido polémica, desinformación en algún caso, enfrentamientos en otros... Creo que la consejería ha eludido su responsabilidad en el tema, porque probablemente es un asunto controvertido, con muchos intereses contrapuestos y con poco que rascar y bastante que perder -en relación a los padres, se entiende- a nivel político. Por tanto, se reglamenta y que salga lo que los padres quieran. Eso sí, con el voto afirmativo del cincuenta y cinco por ciento del censo, no de los participantes en la votación. En consecuencia, puede darse el caso de que en un colegio la gran mayoría de votantes respalde la jornada continua, pero el número total de participantes no suponga ese 55 % de todos los censados. Habrá quien no irá a votar, porque no lo considera asunto suyo -aunque lo es- como suele suceder en las elecciones a consejo escolar, con un mínimo porcentaje de padres ejerciendo su derecho a voto.
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Evidentemente, también hay padres a favor, que ven una oportunidad para pasar más tiempo con los hijos -si disponen del mismo- o entienden que se puede aprovechar mejor la tarde fuera del centro. Pero, como decía anteriormente, la consellería se ha puesto de perfil, ha evitado implantar la jornada continua con todas sus consecuencias, incluida una dotación económica para actividades por la tarde, y así no se desgasta políticamente. Tampoco ha optado por dilatar sine die la implantación. En lugar de eso, deja en manos de los padres que se cambie o se mantenga la jornada actual. Ha reglamentado exhaustivamente los pasos a seguir, pero no se atreve a decidir en una cuestión básica de la educación obligatoria: la distribución horaria del alumnado. En vez de arbitrar un posible conflicto de intereses, pasa la responsabilidad a las familias. Y no creo que sea adecuado apelar al ejercicio de democracia sin más: una administración que, año tras año, ha ido recortando espacios de participación, ¿se acuerda ahora de que se pueden decidir cuestiones pedagógicas y organizativas por referéndum? Si no se permite a los consejos escolares elegir la dirección del centro, no vamos a creer, en este caso, que se ha recuperado la democracia escolar.
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