Cuando la burocracia entra por la puerta, la participación sale por la ventana

El año recién terminado, 2012, ha sido, entre otras muchas cosas, el año de la reforma auspiciada por el anteproyecto de la LOMCE. El debate suscitado por un texto que obvia aspectos tan destacados como la atención a la diversidad, que muestra una clara desconfianza ante la práctica docente y que supone, en muchos aspectos, una vuelta atrás, reválidas incluidas. La aparición del proyecto de ley, la controversia que ha creado y la personalidad de un ministro aparentemente encantado de pisar cuantos más charcos mejor, han centrado la atención pública sobre educación. 

Pero la vida en los centros continúa. 2012 también ha sido el año de la consolidación de la renovación automática de directores en algunas administraciones educativas, entre ellas la valenciana. A la chita callando, ya van dos convocatorias en las que los profesores y los padres no son consultados sobre la continuidad de la dirección de los centros en los que trabajan y a los que acuden sus hijos, respectivamente. Al mismo tiempo, se mantiene otra vía -suponemos que a extinguir en unos años- en la que una comisión mixta, con mayoría de la administración pero con presencia de miembros del consejo escolar, elige entre diversos proyectos de dirección presentados por profesores definitivos de cada centro educativo. 

Me sigue llamando la atención que un colectivo que se ha movilizado, con razón, contra la rebaja en sueldos y la precarización de las condiciones de trabajo, se muestre tan relajado con la pérdida de derechos democráticos que había adquirido el claustro y, posteriormente, el consejo escolar, órgano de gobierno de los centros.

Un aspecto a tener en cuenta es que, al menos en Valencia, se ha producido la renovación de un porcentaje altísimo de directores, independientemente del número de años que lleven ejerciendo el cargo -muchos más de diez años- y sin tener en cuenta la existencia de alternativa en los centros. Según mis informaciones, sólo una directora, de los que optaban a renovar, ha sido declarada no apta, en la provincia de Alicante. En cambio, en Castellón los inspectores ni siquiera han acudido, como decía la normativa, a visitar los centros y conocer la opinión de profesores y padres acerca del desempeño profesional del director que renovaba. Ha sido un proceso a distancia, automático y se han aceptado proyectos hechos de cualquier modo. Hay centros en los que el claustro todavía no conoce el proyecto de su dirección. Me consta también, como decía anteriormente, que en otras direcciones territoriales han sido más profesionales.

Otra de las consecuencias de la deriva antiparticipativa que van tomando las administraciones educativas es la imagen desdibujada, burocratizada y cada vez más redundante de los consejos escolares de centro. Creados por la LODE a mitad de los ochenta, fueron un intento de democratizar las escuelas, dar voz a los padres y a los alumnos, acercando los colegios a la sociedad. Cierto es que, por gran parte del profesorado, se les vio como una intromisión en su lugar de trabajo, como una imposición desde la política educativa. La escuela es, por definición, un cruce de intereses, una amalgama de significados, más o menos explícitos, y el consejo escolar intentó integrar, reunir a la comunidad escolar alrededor de una mesa. Yo mismo fui miembro, con 14 años, de los primeros consejos escolares, allá por 1982. Treinta años después, sigo siendo miembro -voluntario, además, no por turno rotatorio, como ocurre en muchos centros- en representación del profesorado. 

Este último punto, la reticencia de muchos maestros y profesores para formar parte del consejo escolar, muestra la poca importancia que se le da a este órgano, y la desgana con que se afronta la participación en el mismo. Y, por si faltaba algo, ahora serán los padres quienes mostrarán desinterés o, al menos, suspicacia a la hora de presentarse a las elecciones. La pérdida de la capacidad para elegir dirección, que era sin duda un aliciente para estar en el consejo escolar, constituye un golpe definitivo al papel institucional del mismo.  Y sabemos que nadie, a no ser que se aburra, forma parte voluntariamente de un órgano colegiado que está para trámites o para juegos florales.

Por último, señalar el enorme desperdicio que supone desconocer, despreciar a tantos docentes que, por edad y preparación, por ideas para renovar los centros, por ilusión por mejorar la realidad escolar, podrían hacerse cargo de las escuelas y buscar la transformación educativa que tanto reclama, al menos en su discurso público, la administración educativa. Con esto no menosprecio, en absoluto, a los directores renovados; pero creo que tendrían más legitimidad si aquellos sobre los que recae su acción -profesores y padres, y su órgano representativo, el consejo escolar- pudieran opinar de manera oficial, y no ser obviados en una decisión que, no lo olvidemos, define cuatro años de la vida de un centro.