Reconozco que este artículo supone una
novedad para mí. A lo largo de los casi cuatro años de este blog, nunca me he
planteado hacer balance de un año natural. Hay diversas razones para no
hacerlo: los docentes hacemos balance (en todo caso) al final del curso
académico, el 30 de junio para mí, no el 31 de diciembre. Esa diferencia de
criterio lleva a situaciones como que el dinero asignado a los centros se
cuenta por año natural, mientras que el ejercicio real acaba en julio. Una
incongruencia, quizás, sometida al presupuesto del sistema educativo, pensado
burocráticamente. Pero no es ese el motivo de este artículo.
Terminamos un año, en la política educativa,
con cambios importantes en el gobierno de diversas comunidades autónomas desde
junio: Valencia, Baleares, Extremadura, Castilla-La Mancha… con ejecutivos
reticentes o abiertamente contrarios a la LOMCE, ley que se está mostrando
ineficaz, antigua y poco pensada –muy poco debatida ya sabíamos que había
sido-. Por tanto, se ralentiza la aplicación de la misma, y en comunidades como
la mía, la valenciana, se da marcha atrás a decisiones como la aplicación
obligatoria del horario de treinta sesiones semanales de cuarenta y cinco
minutos en primaria, dejando a los centros la decisión sobre el diseño del horario,
de veinticinco o treinta sesiones. Además, se han tomado iniciativas para
ayudar a las familias en el pago de libros de texto, favoreciendo el buen uso
al dividir la cantidad en dos pagos separados al principio y final del curso.
Por otra parte, en el partido gobernante
hasta ahora se dan cuenta –por fin- que el boquete abierto por Wert en el
sistema educativo, el descontento de gran parte del profesorado con el ninguneo,
los recortes en personal y el vaivén legislativo constante a que se ve
sometido, han creado un problema a solucionar. Hasta ahora, se recurría, sobre
todo en CC. AA. como Madrid y Valencia, a desacreditar al profesorado (Fígar y
Font de Mora tienen un lugar destacado en las pesadillas de muchos docentes).
Otra estrategia consistía en apuntarse cualquier dato positivo –como la
disminución del abandono temprano, lógica en un contexto de crisis económica
prolongada con altísimo paro juvenil- como fruto de las reformas emprendidas, y
dejar la responsabilidad de lo negativo (PISA, por ejemplo, o los problemas de
convivencia escolar) al profesorado.
La salida de Wert del ejecutivo –con el
índice de aceptación pública mínimo en el gabinete- ha propiciado la llegada de
Íñigo Méndez de Vigo, con un perfil más dialogante (cosa que no era difícil) y
con menor propensión a pisar todos los charcos que encuentre en su camino.
Recurrir a José Antonio Marina para que elabore un Libro Blanco sobre educación
parece un gesto hacia la distensión o el desbloqueo a que nos ha llevado la
LOMCE. Ya sé que hay reticencias hacia el contenido concreto del texto, pero su
mera existencia ya me parece positiva. Y algunas propuestas, como regular la
carrera docente –absolutamente plana en la actualidad- tienen buena pinta, si
se atiende a criterios claros y no se promociona el abandono del aula como
recompensa última o única. Obviamente, si no se escucha al profesorado y sólo
se tienen en cuenta esas propuestas de Marina, poco habrá cambiado con respecto
a la situación anterior.
Creo que hemos llegado a un punto insostenible
en educación, desde la perspectiva de la política educativa. El sistema
resiste, porque aguanta todo, ya que la “clientela” está asegurada de seis a
dieciséis años, y sabemos que se alarga por arriba hacia el bachillerato, y
hacia abajo con la educación infantil. Otra cuestión es si el sistema público,
no concertado, puede soportar tantos cambios que se añaden a otras
problemáticas propias de su carácter abierto sin deteriorarse del todo. No soy
apocalíptico ni especialmente crítico –quienes tenéis la bondad de seguir este
blog habitualmente lo sabéis- pero sí me encuentro desencantado, decepcionado y
un tanto asombrado ante la falta de responsabilidad de los políticos sobre
educación. Y me toca de cerca, claro. He de dar una artificial separación entre
ciencias naturales y ciencias sociales en primaria, con un currículum
inadecuado que ha dejado de lado lo cercano y propone contenidos inabarcables
para niños de nueve y diez años. Tengo que ver cómo sólo una parte del alumnado
cursa Valores Sociales y Cívicos mientras la otra estudia Religión y Moral
Católica, cuando el área de Valores debería ser para todos. Tenemos problemas
para coordinarnos porque el diseño de la comisión de coordinación pedagógica es
inadecuado y han desaparecido los ciclos para que los alumnos puedan repetir en
cada uno de los seis cursos de primaria… Temas todos que he comentado por aquí,
además de criticar la evaluación de tercero, cuyos resultados, por cierto, aún
no conocemos.
Y he de confesar algo: mi decepción llega al
punto de considerar la política del mismo modo que la política trata mi
profesión docente: con menosprecio. Me ha costado mucho ir a votar en estas
últimas generales. Y esto lo dice alguien que siempre ha creído en el sistema
democrático, y que ha votado con regularidad desde el referéndum de la OTAN, en
el que pude participar con dieciocho años cumplidos (para los más jóvenes, fue
en 1986).
Por resumir, un año de cambio político en
muchas comunidades autónomas con competencias en educación y con previsible
recambio en el gobierno de España. Veremos si, tras la tierra quemada de los últimos tiempos, hay capacidad de consenso en
educación, más allá de la insistencia de Ciudadanos durante la campaña
electoral en plantear este tema en los primeros cien días del nuevo gobierno.
Cuando lo haya, claro. No podemos seguir como hasta ahora, con los centros
abandonados a su suerte, desconocimiento de la realidad educativa y mucho
teatro político en el escenario privilegiado que es el sistema educativo. Nos jugamos mucho como sociedad, a pesar de cierta indolencia colectiva en este asunto de la educación, y no sólo a nivel de empleabilidad, que era el pobre argumento del Partido Popular para defender su ley.
La incertidumbre que han abierto las elecciones del 20-D
indica un posible cambio –otro más- en la legislación educativa, con la
derogación de la LOMCE (la ley que no debió existir nunca). Supongo que habrá, de facto, una damnatio memoriae del ministro Wert y su terrible gestión, y se
podrá pasar página. Mientras tanto, otros cuatro años perdidos. La
responsabilidad, o la falta de ella, está repartida, eso sí; desde la LOCE de
Del Castillo en 2002 (no aplicada totalmente por la derogación socialista de
2004), pasando por la LOE de 2006 (reformada parcialmente por la LOMCE), hasta
este momento de transición, la inestabilidad legislativa, aderezada con
referencias interesadas a PISA, han sido el pan nuestro de cada día. Y créanme, ya estamos
hartos de pan.
No hay comentarios:
Publicar un comentario